Propuestas de acción inmediata en materia social dirigidas al Gobierno de España de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) en relación con el impacto de la pandemia del coronavirus en la ciudadanía y los grupos cívicos más vulnerables.

1º Interlocución real, efectiva y productiva del Gobierno-PTS para la gestión social de la crisis. Creación urgente de un Grupo Operativo de Enlace entre el Gobierno liderado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con presencia también del de Sanidad y de Defensa, con la Plataforma de Tercer Sector, que canalizaría el diálogo civil activo y permanente entre la  Administración del Estado y la PTS.

2º Activar con inmediatez los efectos de la declaración del sector de la acción social como servicio esencial en la gestión de la crisis. Esta declaración, que agradecemos, debe tomar cuerpo de forma urgente, siendo priorizado en la asignación de recursos y suministros imprescindibles a los sectores sociales vulnerables en riesgo y al personal de apoyo, atención, profesional y voluntario:

  • Equipos de protección personal.
  • Pruebas diagnósticas masivas y rápidas.
  • Garantía regulatoria y en la práctica de la movilidad del personal de apoyo para atender y asistir en el territorio a las personas en situación de necesidad.
  • Etc.

3º Creación/habilitación de un teléfono social universal (dotado de medidas de accesibilidad para no excluir a nadie) que pueda proporcionar información y orientación a los sectores sociales más vulnerables sobre todo lo relacionado con la pandemia y los apoyos sociales disponibles.

4º Nueva definición legal acordada entre Estado-PTS de referencia para todo el ordenamiento jurídico y para todas las respuestas sociales públicas de persona y familia en situación vulnerabilidad social. No existe ahora una concepto global de persona en situación de vulnerabilidad, sino uno ad hoc para cada situación particular (desahucios, pobreza energética, etc.), sin visión global, coherente y transversal.

4º Compromiso de diálogo y escucha activa y previa del Gobierno con la PTS antes de la adopción de medidas de relevancia para compensar y minimizar el impacto social de la pandemia (“escudo social”), priorizando estas como inmediatas:

  • Regulación del ingreso mínimo vital (tanto si es coyuntural como si es permanente).
  • Cesación legal de los desalojos por impago o retraso en el abono de Los arrendamientos de viviendas para sectores
    vulnerables.
  • Etc.

5º Bloque de sostenibilidad/financiación/cargas administrativas de las acciones del Tercer Sector:
5.1. Que el estado promueva el acuerdo con las CC.AA. de mantener a todo trance y no realizar ninguna reducción de la financiación del tercer sector de acción social como consecuencia de la pandemia, en especial por cierre, cese o minimización de servicios y atenciones sociales (consecuencia del estado de alarma), cuya gestión delegada o concertada llevan a cabo las organizaciones sociales.
5.2. Más aportaciones del Estado. Nuevas oleadas de fondos extraordinarios para fines sociales del Estado a las CC.AA. para hacer frente a los efectos sociales de la crisis en los grupos cívicos más vulnerables, que seguirían a los 300 millones ya acordados y  repartidos territorialmente. En este mismo sentido, que el Estado flexibilice las reglas de gasto para que las corporaciones locales puedan aplicar todos sus superávits a gastos extraordinarios sociales relacionados con la pandemia.
5..3. Gestión extraordinaria y excepcional de la recaudación (años fiscales 2018 y 2019) derivada de la asignación tributaria de interés social del Impuesto de Sociedades:

  • Gestión y aplicación extraordinarias de la recaudación del 0,7 del Impuesto de Sociedades (año fiscal 2018, recaudado en 2019; y en su caso, año fiscal 2019, recaudado en 2020) en el marco de las medidas excepcionales de la crisis de salud pública del coronavirus.
  • Tendría como objeto único dotar de recursos a las organizaciones sociales de ámbito estatal para destinarlo a programas y  acciones de reducción del impacto del coronavirus en los grupos sociales más vulnerables.
  • No se esperaría a la aprobación del real decreto de desarrollo del 0,7 % del Impuesto de Sociedades -pendiente desde hace meses-, sino que se aprobaría una normativa extraordinaria y excepcional y de urgencia en el marco del estado de alarma y/o gestión de la emergencia nacional que vive el país, y que es previsible que dure meses.
  • No habría convocatoria pública, sino asignación directa mediante subvención nominativa a las organizaciones de ámbito  estatal de más arraigo y solvencia. Se podrían tomar referentes previos como listado de organizaciones sociales de ámbito estatal que reciben 0,7 % IRPF o subvención nominativa de mantenimiento, etc. Tendría que ser estudiado para que fuera equitativo y no se excluyera a nadie que aporte valor social contrastado.
  • Permitiría disponer de fondos adicionales de manera inmediata o próxima en el tiempo, para dirigirlos a reducir en lo posible una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes.

5.4. También la próxima convocatoria del 0,7 % del IRPF de interés social, así como la ahora en ejecución, debe reorientarse y permitir ajustes para establecer como prioridad de los programas y acciones la atenuación del impacto social de la pandemia, estableciendo como elegibles gastos en que han incurrido o van a incurrir las organizaciones como consecuencia de atenciones sociales extraordinarias asociadas al coronavirus.
5.5. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 debe acelerar y declarar de urgencia todo lo relativo a la subvenciones nominativas del tercer sector de acción social para adelantar en lo posible su tramitación y abono, a fin de que las organizaciones sociales dispongan cuanto antes de fondos para favorecer su actuación ante la crisis.
5.6. Plantear al Ministerio de Trabajo y Economía Social que flexibilice y relaje la normativa de los programas operativos con impacto social para permitir a las entidades sociales gestoras la reorientación y el ajuste de sus actuaciones para poder hacer frente a los efectos sociales y de exclusión de la pandemia.
5.7. Medida extraordinaria y excepcional de reducción o relajación de las cargas administrativas en materia de gestión y justificación administrativa y contable de las ayudas de la Administración General del Estado a las organizaciones sociales, durante el tiempo de la pandemia.

25 de marzo de 2020.